En el pasado, la minería había sido muy importante económicamente, pero era espacialmente marginal con respecto al inmenso peso del campo y de la vida rural en general. Ahora prácticamente todo el país está superpuesto por denuncios mineros.
En nuestros días, el conflicto por el territorio se expresa en la contradicción entre minería y agricultura. Las fuertes inversiones mineras de las últimas décadas suelen chocar con comunidades campesinas y agricultores que se resisten a ser desplazados y ver desaparecer su forma de vida. Esta lucha por el espacio ha cambiado profundamente en la historia peruana de los dos últimos siglos. En el presente artículo veremos la evolución de esa tensión fundamental porque afecta el movimiento de conjunto del país. Comenzando por la independencia y a lo largo del primer siglo republicano, la disputa por el espacio adquirió la forma de una lucha de la ciudad por expandirse a expensas del campo. La ciudad estableció plenamente su dominio recién en el transcurso del siglo XX. Cuando fue claro que la vida urbana tenía la prioridad espacial en la vida peruana, entonces el campo empezó a perder terreno también frente a la minería. En el pasado, la minería había sido muy importante económicamente, pero era espacialmente marginal con respecto al inmenso peso del campo y de la vida rural en general. Ahora prácticamente todo el país está superpuesto por denuncios mineros.
La presión urbana fue muy fuerte a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, en el archivo del Congreso de la República se halla una inmensa cantidad de peticiones de poblaciones pidiendo ser consideradas villas y ciudades1. Esta condición permitía formar municipalidades y disponer de autoridades locales, como juez de paz y eventualmente hasta subprefecto, que incidían en un mayor desarrollo de la localidad. Un caso célebre fue la solicitud presentada por el caserío del Imperial, en Cañete, pidiendo ser considerado pueblo. Es un estadio muy embrionario y por lo tanto muy ilustrativo de este conflicto entre la vida urbana y la rural en el siglo XIX. En efecto, en marzo de 1867, el representante del caserío, don Casimiro Nova elevó un memorial al diputado por Cañete en el Congreso Constituyente de 1867, Demetrio O Higgins, para que solicite la condición de pueblo para la población. Demetrio O Higgins era hijo del prócer chileno Bernardo O Higgins y vivía en Cañete en la hacienda Montalbán.
Pocos meses después, en mayo del mismo año, el hacendado Antonio Joaquín Ramos pidió una audiencia a la representación nacional para oponerse a la solicitud de O Higgins y el Imperial. Sostuvo Ramos, “Que el Imperial es de mi propiedad, a título de compra, que los sitios que ocupan los ranchos de los indígenas son míos… yanaconas que se suponen dueños y que buscan consumar una sorpresa atentando contra el derecho de propiedad”. En opinión del terrateniente se trataba de la ranchería de su hacienda y no podía obtener la categoría de pueblo porque sus habitantes no eran dueños de sus viviendas.
O Higgins se dirigió a la comisión de demarcación territorial de su cámara en junio de ese año, sosteniendo que Imperial tenía más de mil almas, que disponía de calles ordenadas y servicios públicos urbanos, incluyendo un templo recién restaurado. En consecuencia, reunía los elementos necesarios para formar un pueblo independiente. Por último añadía que si se revisaba la historia de muchos pueblos peruanos se hallaría que tenían un origen semejante. Para probarlo aludía a la creación de Sullana en 1839, que había motivado una primera norma legal republicana previendo los pasos indispensables para formar pueblos a través de la expropiación de haciendas por ser de utilidad pública.
En nuestros días, el conflicto por el territorio se expresa en la contradicción entre minería y agricultura. Las fuertes inversiones mineras de las últimas décadas suelen chocar con comunidades campesinas y agricultores que se resisten a ser desplazados y ver desaparecer su forma de vida. Esta lucha por el espacio ha cambiado profundamente en la historia peruana de los dos últimos siglos. En el presente artículo veremos la evolución de esa tensión fundamental porque afecta el movimiento de conjunto del país. Comenzando por la independencia y a lo largo del primer siglo republicano, la disputa por el espacio adquirió la forma de una lucha de la ciudad por expandirse a expensas del campo. La ciudad estableció plenamente su dominio recién en el transcurso del siglo XX. Cuando fue claro que la vida urbana tenía la prioridad espacial en la vida peruana, entonces el campo empezó a perder terreno también frente a la minería. En el pasado, la minería había sido muy importante económicamente, pero era espacialmente marginal con respecto al inmenso peso del campo y de la vida rural en general. Ahora prácticamente todo el país está superpuesto por denuncios mineros.
La presión urbana fue muy fuerte a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, en el archivo del Congreso de la República se halla una inmensa cantidad de peticiones de poblaciones pidiendo ser consideradas villas y ciudades1. Esta condición permitía formar municipalidades y disponer de autoridades locales, como juez de paz y eventualmente hasta subprefecto, que incidían en un mayor desarrollo de la localidad. Un caso célebre fue la solicitud presentada por el caserío del Imperial, en Cañete, pidiendo ser considerado pueblo. Es un estadio muy embrionario y por lo tanto muy ilustrativo de este conflicto entre la vida urbana y la rural en el siglo XIX. En efecto, en marzo de 1867, el representante del caserío, don Casimiro Nova elevó un memorial al diputado por Cañete en el Congreso Constituyente de 1867, Demetrio O Higgins, para que solicite la condición de pueblo para la población. Demetrio O Higgins era hijo del prócer chileno Bernardo O Higgins y vivía en Cañete en la hacienda Montalbán.
Pocos meses después, en mayo del mismo año, el hacendado Antonio Joaquín Ramos pidió una audiencia a la representación nacional para oponerse a la solicitud de O Higgins y el Imperial. Sostuvo Ramos, “Que el Imperial es de mi propiedad, a título de compra, que los sitios que ocupan los ranchos de los indígenas son míos… yanaconas que se suponen dueños y que buscan consumar una sorpresa atentando contra el derecho de propiedad”. En opinión del terrateniente se trataba de la ranchería de su hacienda y no podía obtener la categoría de pueblo porque sus habitantes no eran dueños de sus viviendas.
O Higgins se dirigió a la comisión de demarcación territorial de su cámara en junio de ese año, sosteniendo que Imperial tenía más de mil almas, que disponía de calles ordenadas y servicios públicos urbanos, incluyendo un templo recién restaurado. En consecuencia, reunía los elementos necesarios para formar un pueblo independiente. Por último añadía que si se revisaba la historia de muchos pueblos peruanos se hallaría que tenían un origen semejante. Para probarlo aludía a la creación de Sullana en 1839, que había motivado una primera norma legal republicana previendo los pasos indispensables para formar pueblos a través de la expropiación de haciendas por ser de utilidad pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario