VIOLENCIA

Como consecuencia del conflicto armado que vive Colombia desde hace 50 años, las mujeres son las más afectadas por diferentes formas de violencia, pero a la vez son las que más participan en los procesos de ayuda a las víctimas de hechos traumáticos.

Aunque según la fuente que se utilice difiere el número de personas en situación de desplazamiento, se calcula que no menos de cuatro millones 300.000 personas se han visto obligadas a abandonar su tierra por amenazas o como única forma de poner a salvo su vida, de las cuales más de la mitad son mujeres pobres de zonas rurales.

No obstante, las personas desplazadas no son la únicas víctimas del conflicto armado, también lo son las que han sufrido el secuestro, el asesinato de un familiar o el reclutamiento forzado de un hijo, entre tantos otros crímenes. El número de víctimas del conflicto armado se desconoce, pues muchas de ellas no han denunciado los hechos de violación de derechos humanos de que fueron objeto, particularmente las víctimas de violación sexual, en tanto que otras víctimas no están incluidas en las estadísticas de desplazamiento, pues siguen viviendo en sus tierras.

El desplazamiento forzado en sí mismo implica un trauma, pues al dejar su terruño las personas pierden también sus medios de producción (tierra y animales) y sus lazos sociales, lo cual se ve reemplazado intempestivamente por un entorno de pobreza en una ciudad que desconocen, sin protección ni trabajo.

En el Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional ordenó que la atención a las mujeres desplazadas deberá estar compuesta por programas de prevención de violencia sexual, salud, educación, reparación, tierra, asistencia humanitaria y prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria.

La agencia estatal Acción Social coordina estos programas, los cuales son ejecutados por 28 instituciones gubernamentales, entre Ministerios y Comités Territoriales departamentales, municipales y distritales.

La atención en salud está liderada por el Ministerio de la Protección Social (salud y trabajo) que ejecuta con apoyo de Pastoral Social-Cáritas Colombia, organización pionera de la atención a desplazados, la “estrategia con enfoque psicosocial para la atención y reparación de las víctimas, a través de la cual se busca mitigar el sufrimiento, brindar atención integral y diferencial y apoyarles en la reformulación de sus proyectos de vida”, según Sofía Gutiérrez, coordinadora de esta estrategia.

Esto implica ayudarles a recuperar la confianza, poder expresar lo que les sucedió, restablecer todos sus derechos y crear una nueva vida, todo ello en forma colectiva, aunque la transformación es individual.

De acuerdo con informaciones de Gutiérrez, desde 2008 a la fecha se han atendido 36 comunidades en 28 entidades territoriales y dos distritos de Colombia. Como resultado, la comunidad ha puesto en marcha 104 proyectos, entre económicos, culturales y organizativos. Además, se han formado 1.240 multiplicadores.

“Todo esto se hace en contextos de violencia -pues sigue el conflicto- y de pobreza, buscamos la inclusión social, no sólo económica sino de participación comunitaria, Por eso hacemos fortalecimiento organizativo”, aclara Gutiérrez. Las mujeres son las que más participan en los procesos de atención psicosocial y son 64 por ciento de los multiplicadores.

Salud mental y atención psicosocial

“En general, las víctimas tienen trastornos del sueño, depresión, disfunciones sexuales, gastritis, jaquecas”, asegura a SEMlac Bexi Cruz, coordinadora del área social del proyecto de atención psicosocial, que desarrolla la ONG Limpal en Cartagena de Indias, una de las ciudades que recibe más desplazadas en la región Caribe.

A diferencia de la atención en salud mental, referida a los trastornos de comportamiento y su tratamiento individual terapéutico, la atención psicosocial en contextos de conflictos bélicos implica el tratamiento de las afecciones emocionales que sufren las personas como consecuencia de violaciones de sus derechos y que atañen a una comunidad.

“Les pregunto qué es lo que les duele cuando recuerdan los hechos violentos. Muchas responden: el vientre. Y es que a muchas mujeres les mataron sus hijos. Les duele la espalda, y es que cargan muchas insatisfacciones, muchos dolores y también muchas necesidades. Les duele la cabeza: y es que no paran de pensar, de estar preocupadas”, explica a SEMlac Sofía Gutiérrez, funcionaria del Ministerio de la Protección Social a cargo de un programa de atención psicosocial para víctimas del conflicto armado.

“Además las mujeres tienen lesiones físicas producto de la violencia sexual, como infecciones urinarias y problemas ginecológicos derivados de abortos que se hicieron para interrumpir embarazos producto de violaciones”, afirmó a SEMlac Ivonne Wilches, psicóloga y diplomada de la Escuela de Estudios de Género, quien ha trabajado en atención psicosocial.

Como resultado del abuso sexual violento perpetrado por los grupos armados en conflicto, 26.453 mujeres resultaron embarazadas.

“Algunos grupos armados han usado, como estrategia militar, involucrarse afectivamente con mujeres civiles y tener hijos, especialmente con población indígena y afrodescendiente, lo que genera rupturas sociales; al no estar unida la comunidad, esta se hace más vulnerable”, asegura Andrea Guana, encargada del área psicosocial de la Corporación Avre, ONG especializada en brindar apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas del conflicto armado, a fin de que reconozcan sus derechos y estén en capacidad de exigirlos.

De la misma manera que los impactos del conflicto armado son diferentes para mujeres y hombres, también son diferentes entre las mujeres, según su edad.

“Las adultas presentan actitudes más desesperadas y apatía hacia los procesos organizativos, pero después de que se recuperan, superan el duelo y reconstruyen su identidad -que se ha roto con el desarraigo-, participan activamente en estos procesos”, asegura Andrés Bastidas, director de la Corporación Avre.

“Las mujeres víctimas de edad media se vinculan a organizaciones con más rapidez, pero su participación se da mayoritariamente en roles tradicionalmente femeninos, en tanto que las jóvenes, si bien participan, también optan por otros proyectos, e incluso algunas se involucran afectivamente con algún actor armado, para asegurar protección, aunque ello las convierta en blanco de otro grupo armado”, agrega Bastidas.

Según testimonios conocidos por la psicóloga Guana, las colombianas violadas temen denunciar, pues si lo hacen reciben represalias contra ellas y sus familias. Como consecuencia, se sienten doblemente culpables, primero por ser violadas -pues es el único delito en el que se presume que la víctima es la incitadora del delito- y luego por el desquite de los agresores. “Para que haya salud mental, tiene que haber procesos de justicia”, concluye.

Como comentó Wilches, a veces, las víctimas se hacen más fuertes porque desarrollan sus potencialidades, y esto es especialmente visible en las miles de colombianas que siguen adelante, secan el llanto, crean empresas y van a los tribunales a denunciar los hechos y a exigir justicia, reparación, restitución de sus tierras, indemnización y garantías de no repetición. Hoy existen unas 1.000 organizaciones, entre nacionales, regionales y locales, conformadas por personas desplazadas.

Mujeres en medio del conflicto

A la situación de desplazamiento se agregan otros hechos traumáticos que sufren las mujeres, como la violación, la esclavitud (servidumbre obligada), el asesinato de sus hijos y el abuso sexual de sus hijas, por parte de los actores armados. En no pocas ocasiones, todas estas formas de violencia las sufre una misma mujer.

Una de ellas es C.A., una colombiana de 32 años que vivía de la agricultura en uno de los municipios con presencia de grupos armados en conflicto. “Fui violada, sufrí cuatro desplazamientos, el asesinato de mi hermano, un secuestro por los paramilitares, donde me obligaban a servirles y me amenazaban. Allí vi cómo ‘empalaban’ (violación con palos) a otras mujeres hasta morir desangradas”, relató a SEMlac, sin asomo de emoción alguna, mientras cambiaba el pañal a su hija.

Luego agregó: “He recibido apoyo psicológico de la organización Tierra de Hombres, pero dicen que necesito una atención más profunda”.

“Las mujeres quedan derrumbadas, su autoestima queda devastada, se afecta su sexualidad, pierden confianza en los demás y en sí mismas. Los intentos de suicidio son mucho más frecuentes de lo que se cree. Yo he escuchado testimonios de mujeres que han intentado quitarse la vida con veneno para ratones, que toman ellas y también le dan a sus hijos”, afirmó Wilches.

Entre 2001 a 2009, seis mujeres en promedio fueron víctimas de violencia sexual cada hora en el marco del conflicto armado, según reveló la encuesta de prevalencia que, sobre el tema, realizó la ONG Oxfam conjuntamente con nueve organizaciones de derechos humanos y de mujeres de Colombia.

Además de la violación carnal, las colombianas han sido víctimas de otras formas de violencia sexual tales como esterilización y acoso sexual, así como prostitución, aborto y servicios domésticos forzados.

“Generalmente, cuando una mujer dice que se fue a cocinar a un campamento (de alguno de los grupos armados ilegales) se sabe que también implicaba tener relaciones sexuales”, comentó la psicóloga Wilches.

“Hay dos características de este conflicto que se vuelven en contra de las mujeres: una, que no tenemos postconflicto, que no ha habido negociación, ni solución de la guerra, ni desmovilización efectiva, ni transición. Las mujeres deben convivir con sus agresores, los diferentes actores armados que siguen actuando en los territorios, imponiendo sus normas, manteniendo sus amenazas”, explicó Wilches.

“Y la otra: la militarización de la vida cotidiana, la intromisión de actores armados en el mundo social y político del país. La legitimación que se ha hecho de la guerra hace que las mujeres perciban que, al denunciar ante un organismo estatal, lo hacen ante aquellos que también representan a sus agresores” añadió.

“El mismo Estado que no las protegió, que omitió su deber y su responsabilidad de garantizarles sus derechos fundamentales, que en el caso de los paramilitares propició su creación y fortalecimiento, que actuó en complicidad con ellos, debe recibir sus denuncias, como si se juzgara a sí mismo. Y esto no da confianza”, sentenció Wilches. La investigación de OXFAM “Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del conflicto Armado Colombiano” concluyó que la prevalencia de este tipo de violencia fue de 17,58 por ciento en 407 municipios, con presencia de Fuerzas Armadas de Colombia, guerrilla y paramilitares.

Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en territorio en disputa y botín de guerra para los grupos en conflicto, ya que a través de la violencia sexual se genera terror en las comunidades y se facilita el control militar, al tiempo que es un medio para cobrar venganza.

“A mi esposo lo asesinaron delante de mí, tengo un hijo desaparecido, ellos se lo llevaron. A mí me violaron y a mis dos hijas. Mi nieto mayor es producto de esas violaciones. Tuvimos que desplazarnos, dejar todo: las cosas, los animales, la casita, todo. Nos vinimos con lo que teníamos puesto. A pesar de tanto tiempo, sigo con hemorragias y me duele, pero tengo que trabajar para poder comer, aunque a veces también pasamos hambre”, relata una mujer del grupo de autoayuda de la organización no gubernamental (ONG) Sisma Mujer.

Se estima que actualmente puede haber cerca de 300 ONG que brindan acompañamiento jurídico y psicosocial a la población desplazada. Pero esto no siempre fue así. La crisis humanitaria producto del desplazamiento forzado fue inicialmente advertida y atendida por el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombia a mediados de la pasada década del ochenta, a la que le siguieron organizaciones no gubernamentales, como CODHES y luego muchas otras organizaciones de la sociedad civil. En 1999, el gobierno aprobó el Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado, y en 2001 promulgó la Distribución Presupuestal Sectorial para el cumplimiento de dicho plan.

No obstante, el plan no mitigó el desplazamiento forzado, ni alivió la crisis humanitaria. En 1997, el Parlamento aprobó la Ley 387, que daba el marco de referencia para la atención, protección, consolidación y estabilización económica de las personas desplazadas.

Sin embargo, la vulneración de los derechos consagrados a la población desplazada generó que ésta se organizara e interpusiera miles de medidas judiciales para exigir el respeto a sus derechos. Como consecuencia, la Corte Constitucional profirió en 2004 la sentencia T-025, a través de la cual declaró un “Estado de Cosas Inconstitucionales” ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianas y colombianos víctimas de desplazamiento forzado y la profunda distancia entre los derechos consignados en la Ley 387 y los recursos financieros destinados para tal efecto.

Esta sentencia ordenó la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas y estableció un proceso de seguimiento en el que participan tanto el gobierno nacional, los organismos de control (Contralorías), las agencias humanitarias de la comunidad internacional, las organizaciones de la población desplazada y las organizaciones de derechos humanos.

Tras cerca de 600 de querellas judiciales y foros de las organizaciones de mujeres desplazadas que pusieron en evidencia los crímenes de género, en 2008, la Corte Constitucional dictó el Auto 092, mediante el cual ordenó al Estado investigar las violaciones de derechos humanos cometidas específicamente contra las mujeres en el marco del conflicto armado y atender a las colombianas desplazadas.

Actualmente cursa en el Parlamento el proyecto de ley para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y la restitución de sus tierras, que establece atención preferencial a las mujeres. Se trata de una ley mucho más amplia, pues recoge a todas las víctimas, no sólo a las personas desplazadas, e integra el tema de la devolución de las propiedades de las cuales fueron despojadas